Simulacro Saber 11 - Sociales y Ciudadanas - Principios constitucionales y ordenamiento político colombiano

La Constitución Política de 1991 reconfiguró el Estado colombiano para garantizar un equilibrio entre el poder público y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
A partir de este nuevo marco, se han ido consolidando diferentes instituciones y mecanismos que robustecen la democracia y permiten el ejercicio de la participación ciudadana.
A continuación, se presenta una visión amplia de estos principios e instituciones esenciales, útiles para comprender la organización del país y para reforzar la preparación ante evaluaciones nacionales.

El Estado Social de Derecho

En Colombia, la Constitución establece que el país es un Estado Social de Derecho.
Esto significa: Protección de los derechos fundamentales: El Estado se obliga a salvaguardar la vida, la dignidad humana, la libertad de expresión, la igualdad y otros derechos esenciales.
Participación activa del Estado: El Estado asume un rol de garante y promotor de la equidad social, asegurando servicios básicos como salud, educación y vivienda.
Respeto a la dignidad humana: Toda política o acción estatal debe orientarse a proteger a las personas, reconociendo su valor y su autonomía.
Búsqueda de la justicia social: Las políticas públicas y la legislación deben fomentar la superación de las desigualdades y la inclusión de las poblaciones vulnerables.
Este modelo jurídico y político se creó para alejarse de una visión meramente formal de las leyes, buscando acciones concretas que protejan y realcen los derechos de la población.
En el Examen Saber 11 se suelen presentar preguntas que evalúan el entendimiento de estos fundamentos del Estado Social de Derecho.

Separación de poderes e independencia de las ramas del Estado

La Constitución establece la separación de poderes para evitar la concentración y el abuso de autoridad, un principio esencial para la democracia.
En Colombia existen tres ramas del poder público: Rama Legislativa:

Representada por el Congreso de la República (compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes).
Sus funciones principales incluyen crear, modificar o derogar leyes, y ejercer control político sobre el Gobierno.
También aprueba reformas constitucionales y tratados internacionales.
Rama Ejecutiva:

Encabezada por el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
Aplica y ejecuta las leyes; además, puede objetar proyectos legislativos y presentar iniciativas.
Rama Judicial:

Conformada por órganos como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (en contextos de justicia transicional).
Sus competencias giran alrededor de la administración de justicia y la salvaguarda de la Constitución (en el caso específico de la Corte Constitucional).
Este diseño garantiza controles mutuos (pesos y contrapesos) que refuerzan la democracia.
Cualquier examen o prueba, como el ICFES Saber 11, puede preguntar cómo esta separación limita la concentración de poder.

Mecanismos de participación y acción ciudadana

Para que la democracia sea efectiva, la Constitución reconoce varios instrumentos de participación, por ejemplo: Elección popular: Los ciudadanos eligen de forma directa a sus representantes (Presidente, Congreso, gobernadores, alcaldes).
Referendo y plebiscito: Consultas a la ciudadanía para aprobar o rechazar propuestas legislativas o decisiones de gobierno.
Iniciativa legislativa ciudadana: Colectivos de ciudadanos pueden proponer proyectos de ley si cumplen con los requisitos establecidos (recolección de firmas, etc.).
Consulta popular: Se utiliza para que una comunidad decida sobre proyectos de impacto local (ej. minería, inversión en infraestructura).
Revocatoria de mandato: Permite la destitución de un gobernante electo si no cumple con su programa o pierde la confianza de sus votantes, siguiendo un procedimiento reglado.
Estos mecanismos fortalecen el principio de participación, asegurando que la ciudadanía intervenga de manera directa en temas públicos.
Las preguntas relacionadas con la participación política y la democracia suelen aparecer en el Saber 11, evaluando la comprensión de los derechos y deberes ciudadanos.

Derechos fundamentales y mecanismos de protección

La Constitución y el ordenamiento político colombiano prevén diversos sistemas para salvaguardar los derechos fundamentales: Acción de tutela:

Regulado por el artículo 86 constitucional, es un mecanismo expedito y efectivo para proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados (salud, libertad de expresión, debido proceso, etc.).
Puede invocarse contra autoridades públicas y particulares cuando estos estén ejerciendo funciones que afectan dichos derechos.
Hábeas corpus:

Procede cuando una persona se ve privada de la libertad de manera ilegal o arbitraria.
Se tramita de forma prioritaria para restaurar de inmediato la libertad personal, si la detención no tiene sustento jurídico.
Acción popular y acción de grupo:

Destinadas a proteger derechos e intereses colectivos (medioambiente, patrimonio público, seguridad y salubridad).
Permiten que los ciudadanos reclamen la protección de bienes colectivos.
Control de constitucionalidad:

La Corte Constitucional revisa leyes, decretos y otras normas para verificar su conformidad con la Constitución.
También revisa fallos de tutela para unificar criterios en la jurisprudencia constitucional.
Estos mecanismos son pilares del modelo de Estado Social de Derecho.
En las pruebas académicas, se suele indagar acerca de su funcionamiento y la forma de proceder para la defensa de los derechos.

Organismos de control

Además de las ramas del poder público, el ordenamiento político colombiano cuenta con entidades autónomas que vigilan la conducta de funcionarios y el uso de recursos del Estado: Contraloría General de la República:

Ejerce control fiscal para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.
Realiza auditorías y establece responsabilidades fiscales en caso de irregularidades.
Procuraduría General de la Nación:

Vigila la conducta de los servidores públicos y defiende los intereses de la sociedad ante actos de corrupción o abuso de poder.
Puede sancionar disciplinariamente a funcionarios o solicitar suspensiones y destituciones.
Defensoría del Pueblo:

Encargada de proteger y promover los derechos humanos frente a posibles abusos del Estado o particulares.
Emite alertas tempranas y acompaña a comunidades en situaciones de riesgo.
Estas instituciones refuerzan la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.
Es frecuente que en evaluaciones oficiales se consulte sobre su ámbito de competencia y su relevancia para la democracia.

Autonomía territorial y descentralización

La Constitución otorga autonomía a los departamentos, municipios y distritos para gestionar sus propios asuntos.
El principio de descentralización administrativa implica que: Los gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones) tienen facultades normativas y administrativas para resolver problemas de su comunidad.
Pueden manejar ciertos presupuestos y diseñar planes de desarrollo de acuerdo con sus necesidades.
Aun así, deben regirse por la ley general y la Constitución, sin exceder sus competencias.
Este esquema tiene como objetivo acercar la toma de decisiones al ámbito local, haciendo más eficiente la gestión pública y facilitando la participación de la comunidad.

Principios esenciales de la Constitución

Colombia reconoce varios principios que guían todo el ordenamiento jurídico y político: Principio de legalidad: Nadie puede ser juzgado o sancionado sino conforme a leyes vigentes antes de cometer el hecho.
Principio de igualdad: Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes, sin discriminación por razones de género, raza, religión u otras condiciones.
Principio de dignidad humana: La persona es el fin supremo y el Estado debe respetar su valor inherente.
Primacía del interés general: Las acciones estatales deben orientarse al bienestar colectivo, prevaleciendo sobre intereses meramente individuales.
Participación ciudadana: Busca que la población incida en la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia.
Respeto por la diversidad étnica y cultural: El país reconoce y protege la riqueza que aporta la pluralidad de comunidades y grupos étnicos.
Estos principios suelen ser interrogados en el ICFES Saber 11 para comprobar la asimilación del espíritu constitucional que rige la vida pública.

Recomendaciones finales

Familiarízate con la Constitución: Leerla o consultar resúmenes facilita entender derechos, deberes y la estructura del Estado.
Observa la vida política actual: Muchos ejemplos de la práctica cotidiana (debates legislativos, acciones judiciales, participaciones ciudadanas) esclarecen cómo se aplican los principios constitucionales.
Relaciona teoría y práctica: Identifica casos recientes de acción de tutela, hábeas corpus o de participación local (consultas populares) para ver cómo funcionan en la realidad.
Practica con ejemplos: Una buena forma de prepararse para pruebas nacionales, como Saber 11, es resolver preguntas que integren casos hipotéticos relacionados con violaciones de derechos, abusos de poder o mecanismos de participación.
En conclusión, los principios constitucionales y el ordenamiento político de Colombia constituyen la base sobre la cual se rige la organización estatal, la defensa de los derechos fundamentales y la distribución del poder público.
Conocerlos y comprenderlos en profundidad no solo es esencial para el desempeño académico, sino también para ejercer de manera plena la ciudadanía y participar activamente en la construcción de la democracia.